miércoles, 17 de abril de 2013

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL VÍNCULO ENTRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCIÓN A ALTOS NIVELES DEL ESTADO


La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. La corrupción esta estrechamente ligada con la delincuencia organizada pues es un medio efectivo para poder financiar sus actividades ilegales mediante el lavado de dinero y compra de relaciones públicas. El plan es sencillo se trata de un trueque yo estado te protejo a cambio de una cantidad lucrativa o apoyo en campañas políticas.

Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la delincuencia organizada, y para ello construyen ti- pos penales especiales que implican la generación y valoración de nuevos medios de prueba, por lo que representan un nuevo paradigma jurídico-dogmático en la concepción de la delincuen- cia organizada. Existe una razón fáctica para esta evolución nor- mativa: nunca antes las organizaciones trasnacionales delictivas habían sido tan capaces de atentar contra las sociedades en un sentido global, afectando sus democracias, sus formas de gobier- no y la seguridad de sus ciudadanos. Su fuerza deriva del mismo proceso de globalización, de las nuevas tecnologías informáticas y de la capacidad de adquirir y desarrollar armas de destrucción masiva. Podemos afirmar que delincuencia organizada y terroris- mo representan las dos más graves amenazas contra las sociedades des modernas a una escala internacional que requieren de res- puestas internacionales constantes y novedosas para su combate.El trípode en el que se sostienen las organizaciones delictivas es la violencia, la corrupción y la obstrucción a la justicia.

Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y sobre los mercados ilícitos, independientemente del producto que vendan. También atentan contra las autori- dades del Estado, particularmente contra la efectividad de las po- licías, de la procuración y de la administración de justicia. En este contexto, corrompen jueces, fiscales o policías para obtener información previa de acciones de policía o procuración de justi- cia, o a las autoridades de las prisiones para seguir realizando su actividad delictiva desde la cárcel, o para interpretar a su favor las reglas de aplicación de las sentencias.

Por ello, controlar y luchar en contra de la corrupción en el sector público es una condición necesaria si en verdad se preten- de alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales a escala mundial. En este contexto, podemos distinguir cinco di- ferentes niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:· En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho, que consiste en ofrecer u otorgar a un agente en particular cual- quier tipo de beneficio a cambio de la realización de un ac- to. La oferta o solicitud del soborno en este nivel se da por sólo una ocasión; por ejemplo, para obtener un pasaporte, una licencia o información, con el propósito de alcanzar un provecho criminal. Los grupos delictivos obtienen una ven- taja al recibir información adelantada de la actividad poli- cial, al manipular registros oficiales, desaparecer evidencias o incluso accediendo a las identidades de los jurados.· En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y en donde el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictivo. Esto asegura, por ejemplo, un flujo continuo de información confidencial y protección respecto a las actividades policiales, permitiendo a los gru- pos mantener patrones de actividad ilegal y con esto perma- necer siempre “un paso adelante” de la policía o autoridades competentes. Con el objeto de evitar los actos de soborno en este nivel, consideramos importantes medidas como la de reforzar el estatus socioeconómico de los servidores públi- cos con salarios justos y competitivos, complementado con un servicio civil de carrera adecuado; implementar fuertes penalidades para los servidores públicos que violan la ley; fomentar las denuncias de los actos de corrupción; la apli- cación de test de integridad a través de técnicas de inteligencia preventiva.








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