México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen. Todo país que desee progresa de manea sostenible, social y económicamente hablando, no puede estar caracterizado por el saqueo caóticamente “pirañesco” de su elite político empresarial sindical. Se ha expuesto, que hasta la corrupción política debe poseer una regulación de Estado y no se debe permitir que cualquier interés legal o ilegal, por debajo de la mesa, pueda llegar a colocar su dinero en el mercado de compraventa de políticos, tal como hoy sucede en México.
La corrupción política organizada también causa daño social, aunque menor, ya que deslegitima al Estado. Lo cierto es que la corrupción desorganizada y sin controles que viven hoy, invita a empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer cabeza de playa con franquicias para cometer actos predatorios de mayor daño social. México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia; ña ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho. -Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México.
Desmantelar y prevenir a la delincuencia organizada es siempre un trabajo de coordinación internacional entre Estados y sociedades, el fortalecimiento de la seguridad nacional y seguridad humana en México requiere primero fortalecer a su Estado con la mayor de las urgencias.
Un síntoma de la alternancia en el poder sin esta transición lo ha el hecho de que los supuestos representantes populares en México todavía no han definido acuerdos políticos con el propósito de delinear e implementar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, y socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales. México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia; donde la ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho. Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como es el caso de México.
Para que una transición hacia una democracia se traduzca en instituciones de control con Estado de Derecho democráticamente acordadas, los actores políticos deben contemplar que pagaran un alto costo personal y/o político si no instruyen controles regulatorios a sus propios comportamientos antisociales.
La prioridad del próximo Gobierno Federal será la de instituir controles política y socialmente acordados. Esto incluirá a las reformas judiciales, hasta hoy mal implementadas o aun no implementadas por falta de acuerdos políticos. Por estos acuerdos tenían que ir mas allá de la seguridad pública y concebir políticas públicas de seguridad humana que incluyan además consensos sobre controles patrimoniales, generando concesos sobre controles ambientales y controles de prevención social educativos sanitarios laborales alimentarios, que previenen que el tejido social de regiones enteras en México sea “capturado” por empresas criminales que actúan hoy como para estados.
Las políticas de seguridad humana son las que constituyen estos 4 controles y deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.
Dos problemas de orden práctico deben ser satisfactoriamente resueltos por las nuevas autoridades para garantizar la sostenibilidad y puesta en practica de los controles antes mencionados. El primer problema a resolver es acordar los mecanismos institucionales legítimos a través de los cuales se establecerán estos controles judiciales, patrimoniales, y socialmente preventivos para que no sean boicoteados por uno u otro partido a la hora de su implementación.
El segundo problema sería acordar los criterios de aplicación de estos controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma elite político – empresarial – sindical mexicana.
Las mejores prácticas internacionales de sostenibilidad democrática indican que controles judiciales, patrimoniales y socialmente preventivos deberán ser delineados, aprobados y monitoreados en su implementación técnica a través de comisiones especializadas del Congreso de la Unión y de los congresos locales con todos los partidos representados en ellas.
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