Análisis de la violencia en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto

Desde el sexenio del Ex-presidente Felipe Calderon México se ha encontrado en las peores situaciones de violencia con la de la famosa "guerra contra el narcotráfico".En la actulidad el presidente Enrique Peña Nieto, ha cambiado radicalmente de estrategia en la lucha contra el crimen organizado respecto a su antecesor.El gobierno federal anunció que se redujo la violencia ocasionada por la delincuencia organizada, al reportar una baja de alrededor de 17% en los casos de homicidios durante el primer cuatrimestre del sexenio.Cae 17.1% muertes violentas: Segob En una primera evalucion de seguridad del gobierno de Peña Nieto, El secretario de Gobernacion, Miguel Osorio Chong, informó que del primero de diciembre de 2012 (fecha en que tomó posesión Enrique Peña Nieto) al A marzo del 2013 hubo cuatro mil 249 asesinatos dolosos, presuntamente relacionados con el crimen organizado; es decir, 918 casos menos que de diciembre de 2011 a marzo de 2012. Las denuncias de secuestro también se redujeron 25%. Sánchez Hernández resaltó que en el cuatrimestre previo (aún durante el gobierno de Felipe Calderón), se registraron 5 mil 127 homicidios, lo que representan 918 homicidios menos, una reducción del 17.1 por ciento.   

Fuentes: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/11/893220 

Articulo 2: Seguridad Humana: “la transición hacia una democracia con Estado de Derecho”

México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen. Todo país que desee progresa de manea sostenible, social y económicamente hablando, no puede estar caracterizado por el saqueo caóticamente “pirañesco” de su elite político empresarial sindical. Se ha expuesto, que hasta la corrupción política debe poseer una regulación de Estado y no se debe permitir que cualquier interés legal o ilegal, por debajo de la mesa, pueda llegar a colocar su dinero en el mercado de compraventa de políticos, tal como hoy sucede en México.

La corrupción política organizada también causa daño social, aunque menor, ya que deslegitima al Estado. Lo cierto es que la corrupción desorganizada y sin controles que viven hoy, invita a empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer cabeza de playa con franquicias para cometer actos predatorios de mayor daño social. México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia; ña ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho. -Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México.

Desmantelar y prevenir a la delincuencia organizada es siempre un trabajo de coordinación internacional entre Estados y sociedades, el fortalecimiento de la seguridad nacional y seguridad humana en México requiere primero fortalecer a su Estado con la mayor de las urgencias.

Un síntoma de la alternancia en el poder sin esta transición lo ha el hecho de que los supuestos representantes populares en México todavía no han definido acuerdos políticos con el propósito de delinear e implementar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, y socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales. México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia; donde la ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho. Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como es el caso de México.

Para que una transición hacia una democracia se traduzca en instituciones de control con Estado de Derecho democráticamente acordadas, los actores políticos deben contemplar que pagaran un alto costo personal y/o político si no instruyen controles regulatorios a sus propios comportamientos antisociales.

La prioridad del próximo Gobierno Federal será la de instituir controles política y socialmente acordados. Esto incluirá a las reformas judiciales, hasta hoy mal implementadas o aun no implementadas por falta de acuerdos políticos. Por estos acuerdos tenían que ir mas allá de la seguridad pública y concebir políticas públicas de seguridad humana que incluyan además consensos sobre controles patrimoniales, generando concesos sobre controles ambientales y controles de prevención social educativos sanitarios laborales alimentarios, que previenen que el tejido social de regiones enteras en México sea “capturado” por empresas criminales que actúan hoy como para estados.

Las políticas de seguridad humana son las que constituyen estos 4 controles y deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.

Dos problemas de orden práctico deben ser satisfactoriamente resueltos por las nuevas autoridades para garantizar la sostenibilidad y puesta en practica de los controles antes mencionados. El primer problema a resolver es acordar los mecanismos institucionales legítimos a través de los cuales se establecerán estos controles judiciales, patrimoniales, y socialmente preventivos para que no sean boicoteados por uno u otro partido a la hora de su implementación.

El segundo problema sería acordar los criterios de aplicación de estos controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma elite político – empresarial – sindical mexicana.

Las mejores prácticas internacionales de sostenibilidad democrática indican que controles judiciales, patrimoniales y socialmente preventivos deberán ser delineados, aprobados y monitoreados en su implementación técnica a través de comisiones especializadas del Congreso de la Unión y de los congresos locales con todos los partidos representados en ellas.

Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?

La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional. La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos.

Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales (por ejemplo, productos de piratería y dinero falsificado) o bien legales (personas, automóviles, cigarrillos o joyas) pero a través de canales ilícitos. Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos que suelen estar integrados por políticos y empresarios legalmente constituidos en los registros de la propiedad mercantil de diversos países. También manejan grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas y poseen franquicias en varias jurisdicciones geográficas que procesan las transacciones de bienes y servicios, y pagan tasas o cuotas a los directivos de la organización.

Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos, en su mayoría ligados al tráfico de drogas, lo que después genera un búmeran o paradoja de más corrupción y violencia, pues carecen de políticas públicas de coordinación operativa global para desmantelar el patrimonio ilícito de aquellos funcionarios de alto nivel que pertenecen a directorios de mafias o que solo fueron comprados por estas.

Un Estado débil por falta de controles, que genere mayor represión sin brindar justicia ni desmantele el patrimonio criminal y carezca de prevención social, sufrirá más violencia organizada y mayor corrupción. Este es el caso de México durante los últimos 10 años.

Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados. Los choros y algoritmos prefabricados por pseudoacadémicos en Estados Unidos y México, «contratados» por el gobierno federal en turno, no sustituirán a este único resultado que toda persona de a pie comprende. Sin reducir las frecuencias de estos 22 delitos, la inversión doméstica y la extranjera directa no despuntarán para catapultar a México al crecimiento económico con todo el potencial que le otorga su estadio demográfico beneficioso.

Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos, la nueva administración federal mexicana le permitirá al país recuperar su rol como líder en la armonización regional de políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias (incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria del consumo y producción de drogas hoy ilícitas). La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.

Corrupción (Ensayo)

¿Qué es la corrupción? La corrupción es el abuso de confianza depositado por una sociedad, un colectivo o un grupo para obtener un beneficio privado.

La corrupción en altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social al atentar contra la legitimidad y legalidad del mismo. Es imposible negar que existe una relación estrecha entre: política, economía y poder.

El sistema político mexicano representa un canal efectivo para la corrupción; utilizando la delincuencia organizada como un medio mediante el lavado de dinero y la compra de "políticas públicas" a través  de un trueque: el financiamiento de precampañas electorales y soborno tanto de jueces como de autoridades en general a cambio de una protección adecuada de altos niveles del Estado para operaciones ilícitas de dichas organizaciones. La dinámica es sencilla un favor se paga con otro favor por la obligación de "deudas de gratitud".

Pero... ¿Cuales son los factores para que aumentan la corrupción? A mi punto de vista son dos: las causas sociales  (legalidad absurda, justicia viciada y deterioro económico) y los factores individuales que la propician.

Dentro del primer factor considero es el trasfondo en que se ve envuelto el sujeto de manera involuntaria; dentro de dicho entorno la legalidad absurda se hace presente como consecuencia del daño causado por la corrupción hacia el modelo democrático del Estado bajo la implementación de leyes y políticas imparciales e injustas. Otro fenómeno presente es la imparticion de justicia viciada, en México ya no existe la justicia solo existe la legalidad que se puede lograr a través de buenos argumentos y el conocimiento de la ley, desafortunadamente para lograr la legalidad se necesita una buena defensa legal y para poder adquirir dicha defensa se necesita de un buen capital de tal suerte que la balanza de la justicia no se inclina al inocente o menos infractor si no al que pudo pagar una mejor defensa. El deterioro económico influye en la corrupción ya que una economía decadente genera daños en la esfera legal que genera una legalidad defectuosa y promueve injusticia económica que da lugar a los arreglos fuera de la ley.

Los factores individuales que aumentan la corrupción son la inmoralidad provocada por una crisis de valores en el sujeto, la ignorancia de creer que el fin justifica los medios como expresa el filósofo Nicolás Maquiavelo en su obra "El Principe" y el ego del hombre por obtener reconocimiento y poder.

La corrupción no es una plaga y mucho menos una epidemia silenciosa en el sistema político mexicano si no que es el sistema en si. Es un secreto a voces.

Análisis de la violencia en México a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia.

México se encuentra en las peores situaciones de violencia y todo se puede remontar al sexenio pasado con el inicio de la famosa "guerra contra el narcotráfico" que implementó el ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa. Hoy en día podemos hablar que el ahora presidente Enrique Peña Nieto ha decido tomar un nuevo rumbo y cambiar el sentido de esta guerra, pero en lo personal aún no entiendo en que sentido ha ido debido a que hoy lo único que he podido notar es un silencio y una reducción de cobertura de notas por parte de los medios de comunicación, no se si sera por que el gobierno ha mandado a callar a los medios, o si realmente se ha reducido algo la violencia. 

En una nota de el periódico Excelsior menciona que: 

"El gobierno federal anunció que se redujo la violencia ocasionada por la delincuencia organizada, al reportar una baja de alrededor de 17% en los casos de homicidios durante el primer cuatrimestre del sexenio.

Al presentar la primera evaluación de seguridad del gobierno de Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, informó que de diciembre de 2012 a marzo de 2013 hubo cuatro mil 249 asesinatos dolosos, presuntamente relacionados con el crimen organizado; es decir, 918 casos menos que de diciembre de 2011 a marzo de 2012. Las denuncias de secuestro también se redujeron 25%.

La cifra de muertes violentas en México en los primeros cuatro meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (de diciembre de 2012 a marzo de 2013) se ha reducido en 17.1 por ciento respecto del periodo del gobierno de Felipe Calderón, que comprende de diciembre de 2011 a marzo de 2012.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó la primera evaluación sobre seguridad de la actual administración y señaló que se han contabilizado cuatro mil 249 homicidios dolosos presumiblemente vinculados con la delincuencia organizada, lo cual representa una disminución de 918 crímenes que en el periodo equivalente del año pasado."

Todo esto según son cifras favorables, pero no hay que olvidar que regresaron las ejecuciones de alto impacto: cuatro cuerpos decapitados en dos puntos del Estado de México el 2 de marzo; 7 muertos en bar de Chihuahua el día 28; dos colgados de un puente de la autopista Chamapa-Lechería, a la salida de Ciudad de México; 7 ejecutados en dos locales de Guadalajara el domingo; nueve cadáveres desmembrados el martes en Ciudad Victoria (Tamaulipas)... Y cada día sigue sucediendo más y más sucesos de violencia que deterioran la calidad de vida de los mexicanos.

Corrupción por Edgardo Buscaglia

La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. Cuando esta corrupción se vincula con la delincuencia organizada, se estima que cada uno de los carteles principales de la delincuencia organizada mexicana invierte anualmente, en promedio, cuarenta millones de dólares americanos para sobornar a los jueces y así lograr una protección adecuada para sus operaciones.

Las ligas entre corrupción y delincuencia organizada son estrechas. En un reciente estudio de las Naciones Unidas se  analizan cuarenta grupos de delincuencia organizada y se demuestra que treinta de ellos utilizan la corrupción como medio para lograr sus fines, y treinta y tres recurren a la violencia como parte de sus actividades. Más aún, el tráfico ilegal de material radioactivo, biológico-químico, y demás arsenal convencional, es actualmente dirigido por organizaciones criminales trasnacionales que utilizan la corrupción a altos niveles del sector público en diferentes regiones, para así poder asegurar la obtención, tránsito y provisión de estas armas letales a grupos terroristas que, mu-chas veces, tejen alianzas estratégicas o de fusión parcial con es-tas mismas organizaciones criminales.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada en Palermo en diciembre de 2000, es el instrumento eje para romper estos vínculos entre corrupción y delincuencia organizada. Las legislaciones internacionales y nacionales de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción deben ser vistas como instrumentos en evolución constante.

En el aspecto internacional pueden destacarse los siguientes instrumentos que complementan la Convención de Palermo:

a) La elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, de 1988, sus comentarios y regulación básica a través de leyes modelos.

b) La elaboración de normas regionales, como la de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante los trabajos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

c) La normativa europea contra drogas y delincuencia organizada,7 así como las cuarenta y nueve recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo de la OCDE a través del GAFI.

El derecho penal tradicional había fracasado en la lucha contra la delincuencia organizada porque conseguir pruebas de la ejecución de los actos delictivos organizados es extraordinariamente difícil cuando se utiliza el trípode: violencia, corrupción y obstrucción a la justicia. Dadas estas dificultades para encontrar elementos de prueba contra los miembros de la delincuencia organizada dentro del marco sustantivo y procesal tradicional, las nuevas leyes contra la delincuencia organizada establecen un tipo penal en el que se facilita la sanción de los directivos, ya que se sanciona el mero acto de pertenecer a una organización que comete delitos. En consecuencia, el tipo penal de delincuencia organizada no tipifica nuevas conductas. Gracias a las grandes cantidades de dinero que generan los grupos criminales, éstos pueden tener acceso a las mejores organizaciones de abogados para defenderse. Como son trasnacionales, frecuentemente la evidencia en su contra se encuentra fragmentada en diversos países del mundo y sujeta a diversas jurisdicciones, lo que, a veces, impide intercambiar pruebas en el momento oportuno a través de una cooperación judicial efectiva.

Los grupos de delincuencia organizada han utilizado la corrupción en el sector público como instrumento para enfrentar a los Estados con impunidad y quebrantar el Estado de derecho de forma cada vez más notoria en los últimos años.  En este contexto, podemos distinguir cinco diferentes niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:

• En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho, que consiste en ofrecer u otorgar a un agente en particular cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto.

• En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y en donde el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictivo. Esto asegura, por ejemplo, un flujo continúo de información confidencial y protección respecto a las actividades policiales, permitiendo a los grupos mantener patrones de actividad ilegal y con esto permanecer siempre “un paso adelante” de la policía o autoridades competentes.
• En el tercer nivel, son infiltradas las agencias gubernamentales en forma esporádica dentro de las posiciones oficiales de rango medio. Los miembros y asociados de los grupos delictivos obtienen empleos en las agencias del orden, en las oficinas de procuración e impartición de justicia y en otras áreas, asegurándose vacantes o comprando los puestos por medio del soborno y el chantaje.
• El cuarto nivel se caracteriza por una infiltración gubernamental en los niveles más altos, o lo que algunos autores definen como captura del Estado, pudiendo abarcar ramas completas de la administración o funcionarios de alto rango en las agencias de seguridad, oficinas de procuración, impartición y administración de justicia, así como otras oficinas gubernamentales importantes para el grupo delictivo (jueces, zares antidroga, etcétera).
• El quinto nivel de infiltración de la delincuencia organizada en los sectores públicos se produce cuando los grupos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en campañas políticas financiando o apoyando a través de los medios de comunicación o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democráticos.

MEDIDAS DE URGENCIA PARA ROMPER EL CÍRCULO DE CORRUPCIÓN Y SUS VÍNCULOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

A) Promulgar urgentemente un marco normativo que regule la financiación de las actividades de las precampañas políticas, que actualmente representa un canal abierto para la “compra de políticas públicas” y la corrupción a altos niveles del Estado mexicano. 

B) Activar y proporcionarle autonomía institucional a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

C) Requerir que instalen mecanismos tecnológicos más avanzados para detectar patrones complejos de transacciones ilegales ligados a la corrupción, a la delincuencia organizada. 

D) Una menor concentración de las funciones de organización interna de la agencia gubernamental aglutinados en las manos de cada vez menos directivos, por ejemplo: jueces concentrando cada vez más roles administrativos y jurisdiccionales. 

E) Una reducción en el número, complejidad y formalismo de los procedimientos administrativos, aunado a una mayor transparencia de los mismos dentro de la oficina pública que presta el servicio; por ejemplo, licitaciones abiertas en el procedimiento gubernamental.

F) La instalación de un sistema de alerta temprana que permita la detección de los patrones de casos en donde un funcionario público o dependencia pública abuse de su discrecionalidad de manera sistemática. 

G) Un mejorado control de la decisión judicial para lograr una reducción de la “compra de resoluciones de jueces y fiscales” que se alimenta de la incertidumbre relacionada con la interpretación de doctrinas, leyes y reglamentos.

Estos mecanismos ya han sido instalados en el sistema financiero de cada uno de los países miembros de la OCDE y no existe justificación para no hacer lo mismo en México, más allá de querer proteger al sector financiero al costo de debilitar la seguridad nacional de México; éstas y otras medidas han servido para generarle anticuerpos a las dependencias del sector público, de acuerdo con un reciente estudio que cubre a ochenta y nueve países, y para prevenir la infiltración de las organizaciones criminales en su seno. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL VÍNCULO ENTRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCIÓN A ALTOS NIVELES DEL ESTADO

La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. La corrupción esta estrechamente ligada con la delincuencia organizada pues es un medio efectivo para poder financiar sus actividades ilegales mediante el lavado de dinero y compra de relaciones públicas. El plan es sencillo se trata de un trueque yo estado te protejo a cambio de una cantidad lucrativa o apoyo en campañas políticas.

Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la delincuencia organizada, y para ello construyen ti- pos penales especiales que implican la generación y valoración de nuevos medios de prueba, por lo que representan un nuevo paradigma jurídico-dogmático en la concepción de la delincuen- cia organizada. Existe una razón fáctica para esta evolución nor- mativa: nunca antes las organizaciones trasnacionales delictivas habían sido tan capaces de atentar contra las sociedades en un sentido global, afectando sus democracias, sus formas de gobier- no y la seguridad de sus ciudadanos. Su fuerza deriva del mismo proceso de globalización, de las nuevas tecnologías informáticas y de la capacidad de adquirir y desarrollar armas de destrucción masiva. Podemos afirmar que delincuencia organizada y terroris- mo representan las dos más graves amenazas contra las sociedades des modernas a una escala internacional que requieren de res- puestas internacionales constantes y novedosas para su combate.El trípode en el que se sostienen las organizaciones delictivas es la violencia, la corrupción y la obstrucción a la justicia.

Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y sobre los mercados ilícitos, independientemente del producto que vendan. También atentan contra las autori- dades del Estado, particularmente contra la efectividad de las po- licías, de la procuración y de la administración de justicia. En este contexto, corrompen jueces, fiscales o policías para obtener información previa de acciones de policía o procuración de justi- cia, o a las autoridades de las prisiones para seguir realizando su actividad delictiva desde la cárcel, o para interpretar a su favor las reglas de aplicación de las sentencias.

Por ello, controlar y luchar en contra de la corrupción en el sector público es una condición necesaria si en verdad se preten- de alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales a escala mundial. En este contexto, podemos distinguir cinco di- ferentes niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:· En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho, que consiste en ofrecer u otorgar a un agente en particular cual- quier tipo de beneficio a cambio de la realización de un ac- to. La oferta o solicitud del soborno en este nivel se da por sólo una ocasión; por ejemplo, para obtener un pasaporte, una licencia o información, con el propósito de alcanzar un provecho criminal. Los grupos delictivos obtienen una ven- taja al recibir información adelantada de la actividad poli- cial, al manipular registros oficiales, desaparecer evidencias o incluso accediendo a las identidades de los jurados.· En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y en donde el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictivo. Esto asegura, por ejemplo, un flujo continuo de información confidencial y protección respecto a las actividades policiales, permitiendo a los gru- pos mantener patrones de actividad ilegal y con esto perma- necer siempre “un paso adelante” de la policía o autoridades competentes. Con el objeto de evitar los actos de soborno en este nivel, consideramos importantes medidas como la de reforzar el estatus socioeconómico de los servidores públi- cos con salarios justos y competitivos, complementado con un servicio civil de carrera adecuado; implementar fuertes penalidades para los servidores públicos que violan la ley; fomentar las denuncias de los actos de corrupción; la apli- cación de test de integridad a través de técnicas de inteligencia preventiva.